• El abogado defensor del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Sindulfo Blanco, Jorge Bogarín, anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra el juicio político que condenó al mismo por mal desempeño de funciones, explicando que la medida en sí se realiza para agotar instancias a nivel local y luego pasar a presentar directamente una demanda contra el Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Primero vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad aquí en Paraguay a los efectos de agotar los recursos internos del Estado paraguayo, y luego sí ya una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló el abogado Jorge Bogarín, representante legal del ex ministro.

Blanco fue destituido por el Congreso Nacional el pasado miércoles 14 con los votos justos (30 votos) luego de un proceso que duró más de cuatro años y a un mes de que el ex alto magistrado se jubile.

Los ex ministros de la Corte Suprema de Justicia Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea y hasta el propio ex presidente y actual senador Fernando Lugo presentaron demandas contra el Estado paraguayo por haber sido sometidos a juicio político, por considerar que no se respetó el debido proceso.

Bogarín explicó que se encuentran en la etapa de realizar los escritos para su posterior presentación y que existen justamente antecedentes en este sentido, subrayando que en estos procesos no se respetaron los principios jurídicos, más allá de que haya sido un juicio político.

El juicio. El proceso de juicio político a Blanco se había iniciado en el 2014 con la presentación de la acusación y la admisión en la Cámara de Diputados, donde también se realizaron acusaciones a los ministros Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo, y los tres fueron aprobados.

En el caso de Bajac, terminó dejando el cargo por cumplir los 75 años y jubilarse, mientras que el enjuiciamiento a Garay es el que sigue pendiente de resolverse.

Los legisladores congelaron el proceso, porque no tenían los votos suficientes para la destitución, pero con los votos justos lograron hacerlo la semana pasada.

El juicio político se reactivó el martes de la semana pasada con los alegatos de la defensa, mientras que el miércoles, en sesión extraordinaria, el Senado decidió dar por culminadas las funciones del ministro del máximo organismo judicial.

El diputado colorado Ramón Romero Roa, en calidad de fiscal acusador, presentó los alegatos finales. El legislador defendió la legalidad del proceso y el respeto al debido proceso, y por su parte la defensa cuestionó el proceso.

Acusación. Blanco fue acusado de nueve puntos, uno de ellos fue un caso llevado adelante por una investigación de ÚH sobre compra de tierras públicas.

El ex ministro había sido adjudicado con 5.000 hectáreas del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy en día Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por la suma de G. 7.802.500 a fines de 1986.

En entrevista con ÚH, Blanco dijo que dichas tierras las había devuelto al Indert, pero la investigación descubrió que el mismo las transfirió a nombre de su esposa Margarita Amarilla Ortiz en el proceso de divorcio y la misma vendió por USD 300.000 a un ciudadano uruguayo.

Dichas tierras están ubicados en la colonia Kahija del distrito Eugenio A. Garay, Departamento de Boquerón.

Otras acusaciones tienen que ver con casos donde contrarió la Constitución Nacional, específicamente uno sobre ingreso al país de químicos altamente peligrosos.

También se habla de pérdida de la honorabilidad por haber mentido sobre su inamovilidad para ganarse la confianza del Senado y conseguir su nombramiento, también un caso donde evitó la remoción de un juez en el Este, el impedir intervenciones de la Contraloría, entre otros.

Fuente Ultima Hora.