• La reconciliación del cartismo y del abdismo ya comienza a jugar a favor de los acusados de robar al Estado. Al tiempo de dormir el aumento de condena, impulsan un proyecto que podría liberarlos.
Mientras la ciudadanía espera que el Legislativo otorgue herramientas a la Justicia para combatir la corrupción, los colorados, con apoyo de algunos opositores, obran en favor de los que cometen perjuicio al patrimonio del Estado.

Primero lograron enviar, en la última sesión de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Reforma Penal el proyecto que aumentaba a 15 años los hechos de lesión de confianza y estafa y evita la prescripción rápida de estas causas de corrupción pública. En tanto, se impulsa una propuesta que podría beneficiar con la salida de prisión a los políticos como el legislador de Colorado Añetete Miguel Cuevas, recluido en la Agrupación Especializada.

Se trata del proyecto de ley “que establece medidas excepcionales en la aplicación de medidas cautelares”, y fue presentado en el marco de la emergencia por Covid-19. Con esta norma, se pretende retirar de las cárceles a los que se encuentran cumpliendo prisión preventiva; es decir, sin condena, con el argumento de descongestionar los penales.

El proyecto con media sanción fue presentado por los senadores Fernando Silva Facetti (llanista), Arnaldo Franco (cartista) y Gilberto Apuril (Hagamos). La diputada del Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo indicó que fue aprobada con muchos problemas y que es una propuesta demasiado abierta, por lo que presentó una alternativa ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, proponiendo sendos límites para imputados, acusados y sin condena firme. “No personalizo las leyes, pero la redacción le beneficia a muchísima gente que no debería salir aún. Mi propuesta es mucho más restringida y si van a salir por enfermedad de base, debe dictaminar una junta médica”, sentenció.

Explicó que una de las falencias que halló fue que la norma indica que cuando termine la pandemia, todos los presos deben volver a la cárcel, pero si no retornan, los plazos siguen corriendo, pudiendo extinguirse sus causas. “Qué pasa si no vuelve, por ejemplo, alguien que tiene 10 años de condena y ya cumplió seis y se le dio esta medida, se ordena su captura, pero el plazo de su condena sigue corriendo, o sea, puede estar cuatro años escondido”, apuntó.

Lamentó que haya sido trabado el proyecto de aumento de penas al daño patrimonial y pidió el mismo trato al de medidas cautelares. “La excusa fue que no sirve tocar un solo artículo del Código Penal para elevar penas para corruptos, que cuando se reforme todo el Código hablemos. Espero que la misma posición tengan en la sesión donde se tratará el proyecto horroroso sobre medidas cautelares”, concluyó.

Fuente Ultima Hora.