• La organización Freedom House dio a conocer su informe anual referido a Paraguay. El reporte lamenta que la Justicia no sea independiente y cuestiona las violaciones a los derechos humanos.
 
La organización Freedom House, con sede en Washington (EEUU), dio a conocer su informe anual sobre derechos políticos y libertades civiles, documento que aplaza al Poder Judicial de Paraguay, señalando que es solo “nominalmente independiente”, apuntando que “los lavadores de dinero, los narcotraficantes y los políticos corruptos han cooptado a las autoridades judiciales locales”.

Además, el informe señala que “las garantías constitucionales del debido proceso no se cumplen” en nuestro país, “en gran parte debido a la corrupción que permea el sistema judicial”. “Las personas con influencia o acceso al dinero con frecuencia pueden obtener un trato favorable en el sistema judicial”, se puede leer en el texto, donde Paraguay alcanza una calificación de 65 sobre 100, número que lo ubica como un país parcialmente libre.

El informe es producido cada año por un equipo de analistas internos y externos, asesores expertos de la academia y especialistas de derechos humanos. La edición de 2020 involucró a más de 125 analistas y 40 asesores.

Entre las preguntas que se responden en el documento está por ejemplo si el jefe de gobierno en nuestro país es electo libremente y si los representantes legislativos nacionales determinan las políticas del Gobierno. “Si bien los funcionarios electos determinan la política del Gobierno, el crimen organizado y la corrupción a menudo influyen o dificultan la toma y la implementación de decisiones”, lamenta el documento.

Agrega que la corrupción es un problema grave “y las leyes anticorrupción se han implementado deficientemente”. “Los casos a menudo languidecen durante años en los tribunales sin resolución, y muchos delitos quedan impunes debido a la influencia política en el Poder Judicial”, subraya el texto.

Más. El mensaje también se refiere a la libertad de reunión y apunta que las manifestaciones y protestas son comunes, “pero a veces reprimidas”. “Las protestas periódicas contra la corrupción en 2019 se desarrollaron sin interferencias, en particular por el escándalo de julio y agosto que involucró a la represa de Itaipú. Las protestas provocaron la dimisión y el despido de varios altos funcionarios”, recuerda el reporte.

También dedica una pregunta a la libertad para los sindicatos y organizaciones profesionales o laborales similares, y al respecto explica que los procedimientos de registro de los sindicatos “son engorrosos y los empleados a menudo están desprotegidos de las represalias de los empleadores”. Sobre el debido proceso y las garantías constitucionales insiste que no se cumplen por culpa de la corrupción en el sistema judicial. Como ejemplo, cita el caso de la masacre de Curuguaty, de 2012, donde 6 policías y 11 campesinos fueron asesinados, pero hasta ahora el hecho “aún no se ha investigado de manera exhaustiva y justa”.

Igualmente, también se pregunta si existe protección contra el uso ilegítimo de la fuerza física y libertad frente a guerras y grupos insurgentes: “Paraguay es uno de los países más seguros de la región. Sin embargo, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo guerrillero, sigue activo en el noreste. La guerra de pandillas tiene lugar predominantemente a lo largo de la frontera brasileña, pero se está extendiendo. La detención ilegal y la tortura por parte de la policía siguen ocurriendo. El hacinamiento y las malas condiciones sanitarias son problemas graves en las cárceles”, critica Freedom House.

Además, el documento resalta que las libertades de expresión y prensa se mantienen de manera desigual. “La presión directa contra los periodistas, incluidas las amenazas de grupos delictivos y autoridades corruptas, fomenta la autocensura y ocasionalmente se producen ataques violentos contra periodistas”, reza el reporte.

Fuente Ultima HOra.